X: @xavierpadilla A los integrantes de la mesa técnica y política paritaria: Hay algo que conviene dejar establecido antes de que las palabras «reconciliación», «convivencia» y «garantías para los derrotados» terminen significando impunidad. Jorge Rodríguez pide garantías para quienes pierdan las futuras elecciones. Tiene derecho a pedirlas. Todo venezolano, incluido Jorge Rodríguez, tiene derecho a la integridad física, a la defensa, a la presunción de inocencia, a un juez independiente y a no ser perseguido por sus ideas políticas. Exactamente los derechos que durante años fueron negados a centenares de adversarios del chavismo. Y a millones de venezolanos. Pero Jorge Rodríguez no está negociando la salida de un partido que perdió unas elecciones normales después de gobernar cuatro años. Esta mesa está negociando la salida de un sistema que lleva veintisiete años ocupando el Estado y cuyo período de poder está bajo investigación de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad. El PSUV tampoco puede recibir por anticipado un certificado de normalidad democrática. Habrá que investigar qué dirigentes, órganos, recursos y estructuras pudieron utilizarse para sostener persecución, corrupción, represión u otras actividades delictivas. Eso no lo decidirán Jorge Rodríguez, Dinorah Figuera, Washington ni un acuerdo político. Tendrá que decidirlo una justicia independiente a partir de pruebas y responsabilidades individualizadas. Una democracia está obligada a respetar los derechos de las personas. No puede preservar intactas las estructuras utilizadas contra ella. Por eso resulta inquietante escuchar ahora hablar de «garantías para los derrotados». Garantías individuales, todas. Debido proceso, escrupulosamente. Garantías de impunidad, ninguna. La impunidad probablemente no llegará mediante una espectacular ley de amnistía. Puede ser mucho más sencilla. Simplemente no se investigará. Desaparecerán expedientes. Se perderán archivos del Sebin y la Dg
Fuente: Tal Cual — Ver nota original
